Nota de opinión de economistas extranjeros, supuestos críticos y los peligros del programa económico de Milei

Hay una nota firmada por 108 economistas extranjeros, muchos de ellos prestigiosos, que se titula “Los peligros del programa económico de Javier Milei en Argentina.” Ninguno de esos economistas ha estudiado en particular los problemas de la economía argentina y recurren entonces a prescripciones universales independientes del contexto, lo que es un error. Señalan que las propuestas de Milei “arraigadas en la economía del laissez-faire [dejar hacer al mercado], incluyen ideas polémicas como la dolarización y reducciones significativas del gasto público” que son potencialmente muy perjudiciales para la economía. Aciertan en su apreciación sobre la dolarización porque la respuesta convencional que proporciona el modelo estándar, basado en el supuesto crítico de la inflexibilidad de precios a la baja, es correcta. No hay manera de absorber shocks reales negativos de origen externo si no se dispone de cierta flexibilidad cambiaria como lamentablemente lo demostró la experiencia de la Convertibilidad. 

Sin embargo, cuando afirman que reducciones significativas del gasto público serían perjudiciales para la economía argentina se equivocan totalmente. Esto ocurre, porque utilizan un modelo estándar basado en supuestos críticos poco realistas (que no reflejan el contexto argentino), lo que proporciona una respuesta equivocada. En efecto, el modelo estándar supone que la política fiscal no afecta al tipo de cambio real y esto es válido para el caso de los países desarrollados. En Argentina, por el contrario, mayor déficit fiscal implica un tipo de cambio real más bajo, y menos exportaciones netas. Argentina es el país que más crisis cambiarias ha tenido en los últimos 50 años, y esto se debe a tipos de cambios bajos y desalineados, provocados por políticas fiscales irresponsables y populismo macroeconómico. En realidad, el problema había comenzado mucho antes cuando Perón en la década de 1940 aumentó en 10 puntos del PIB el gasto público, pero el golpe de gracia lo dio el kirchnerismo en este siglo aumentando otros 10 puntos adicionales el gasto público. En la actualidad con un gasto público primario consolidado de 38% del PIB no hay manera que la economía crezca ni que aumenten las exportaciones de manera sostenida. En ese sentido, la propuesta de Milei de reducir el gasto público es acertada y apunta a eliminar el principal obstáculo al crecimiento de la economía argentina (junto con el cepo). Quizás esta política esté motivada únicamente por su concepción ideológica y no responda a un análisis preciso de los problemas macro del país, pero lo relevantes es que es correcta y apunta a resolver los problemas del crecimiento de la Argentina. 

Otra dimensión que ignoran los 108 economistas extranjeros que firmaron la nota es que en Argentina predominan instituciones económicas y políticas extractivas, que han llegado a su máxima expresión en la gestión Kirchner y Massa. Esas gestiones han capturado el Estado y lo utilizan en beneficio propio y de sus militantes. El caso actual más relevante es el de las autorizaciones de importación a través de los permisos de las SIRA y el capitalismo de amigos y corrupción que envuelve el sistema. En ese sentido las reformas económicas propuestas por Milei de eliminar la emisión, equilibrio fiscal, desregular los mercados, eliminar prohibiciones y trabas burocráticas en el comercio exterior, integrarnos al mundo, que los mercados competitivos funcionen, etc., nos garantizan que tendremos instituciones económicas mas inclusivas que en una supuesta gestión de Massa. Hay otros temas que no comparto, como la falta de preocupación por la degradación del medio ambiente, la negación de la existencia de fallas de mercado, vouchers para educación, etc., pero en comparación con el carácter extractivo de las políticas vigentes (brecha cambiaria superior al 100%, capitalismo de amigos, captura de la justicia y organismos de control del Estado por militantes), son temas de segundo orden. 

El punto débil de Milei que me preocupa es su carácter autoritario y falta de pluralismo, lo que no ayuda a consolidar instituciones políticas inclusivas tan necesarias al crecimiento sostenido. 

En síntesis, los supuestos peligros del programa económico de Milei son infundados cuando tenemos en cuenta el contexto institucional de la Argentina y los supuestos críticos equivocados que incorporan en su análisis los economistas extranjeros. Existen sí, riesgos en cuanto a poder generar una convivencia política más civilizada, pero en todo caso nuestras instituciones han demostrado suficiente solidez para garantizar la alternancia democrática. 

Nota original en inglés y firmas

Traducción de la nota:

Los peligros del programa económico de Javier Milei en Argentina

Como economistas de todo el mundo partidarios de un desarrollo económico amplio en Argentina, nos preocupa particularmente el programa económico de uno de los candidatos, que se ha convertido en uno de los principales temas de debate en las elecciones nacionales. Dadas las frecuentes crisis financieras de Argentina y los recurrentes brotes de inflación altísima, es totalmente comprensible que exista un deseo profundamente arraigado de estabilidad económica. Sin embargo, aunque las soluciones aparentemente sencillas puedan resultar atractivas, es probable que causen más estragos en el mundo real a corto plazo, al tiempo que reducen gravemente el espacio de maniobra de las políticas a largo plazo.

Las propuestas económicas de Javier Milei se presentan como una ruptura radical con el pensamiento económico tradicional. Sin embargo, creemos que estas propuestas, arraigadas en la economía del laissez-faire [dejar hacer al mercado] y que incluyen ideas polémicas como la dolarización y reducciones significativas del gasto público, están plagadas de riesgos que las hacen potencialmente muy perjudiciales para la economía y el pueblo argentinos.

La visión económica que subyace a estas propuestas aboga supuestamente por una intervención mínima del gobierno en el mercado, pero en realidad se basa en gran medida en políticas estatales para proteger a los que ya son económicamente poderosos. Las reducciones de los tipos impositivos y del gasto público hacen que muchos bienes y servicios esenciales pasen de la prestación pública a proveedores comerciales privados, lo que les enriquece a ellos pero reduce el acceso de los ciudadanos de a pie, especialmente los pobres. La propuesta de dolarización pretende sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense como moneda nacional. Ambas ideas pueden parecer atractivas por su simplicidad y sus promesas de una solución rápida para controlar la inflación y la inestabilidad. Pero no reconocen las principales realidades económicas. El modelo del laissez-faire supone que los mercados funcionan perfectamente si el gobierno no interviene. Pero los mercados no regulados no son benignos: refuerzan unas relaciones de poder desiguales que empeoran la desigualdad y dificultan la aplicación de políticas de desarrollo clave, incluidas las políticas industriales, sociales y medioambientales. En Argentina, como en la mayoría de los países con estructuras económicas complejas y problemas de desigualdad de ingresos y activos, inflación y deuda externa, se necesitan políticas matizadas y polifacéticas que reconozcan las necesidades de los distintos grupos sociales. Los mercados también son propensos a los fallos, provocados por las externalidades (cuando todos los beneficios o costes no pueden atribuirse a agentes individuales) y la asimetría de la información (cuando algunos agentes de un mercado saben más que otros). La crisis financiera mundial de 2008 demostró que una regulación inadecuada de los mercados puede tener consecuencias desastrosas. La experiencia de la pandemia de Covid-19 aportó más pruebas de la necesidad de la intervención pública.

Los argentinos están demasiado familiarizados con el dolor de la economía del laissez-faire impuesta por prestamistas internacionales como el FMI, que en el pasado aumentó la pobreza y la inseguridad económica e inhibió el desarrollo del país. El programa propuesto por Milei crearía más desigualdad socioeconómica al reducir el papel del Estado en la redistribución y el bienestar social. Una reducción importante del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad, y podría provocar un aumento significativo de las tensiones y los conflictos sociales. La idea de Milei de recortar drásticamente los impuestos al tiempo que se reduce el gasto público reduciría significativamente la capacidad del Estado para satisfacer los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. Entretanto, nuevas reducciones de los ingresos fiscales del Estado agravarían la crisis fiscal.

Del mismo modo, la dolarización parece ofrecer una solución al problema crónico de inflación de Argentina, y podría resultar tentadora cuando el valor de los ahorros y la capacidad de consumo se vean diezmados por una inflación galopante. La actual escasez de reservas de divisas haría que el tipo de conversión inicial del peso al dólar fuera tan alto que generaría más inflación. Esto significa una disminución de los salarios reales, de modo que la posterior reducción de la inflación se lograría mediante una importante caída de la participación del trabajo en la renta nacional, haciendo recaer la carga del ajuste sobre los trabajadores. La dolarización también implica la imposibilidad a largo plazo de construir la soberanía monetaria. También en este caso, la experiencia pasada de Argentina con la protodolarización (el acuerdo dela Caja de Conversión de los años 90) creó una breve ilusión de estabilidad, pero afectó negativamente a la economía real. Generó desempleo y pérdidas de ingresos reales para los trabajadores y, finalmente, condujo a una crisis aún mayor en 2001 debido a las restricciones fiscales y monetarias de la vinculación peso-dólar.

En resumen, las propuestas de dolarización y austeridad fiscal de Javier Milei pasan por alto las complejidades de las economías modernas, ignoran las lecciones de las crisis históricas y abren la puerta a la acentuación de desigualdades ya de por sí graves. Mientras Argentina navega por su complejo panorama económico, es fundamental abordar la formulación de políticas con estrategias equilibradas y empíricamente fundamentadas que no sólo sean atractivas a corto plazo, sino también sostenibles, equitativas y facilitadoras a largo plazo.

Parálisis de los organismos de control e impunidad

Editorial de La Nación de hoy.

Capturando al Tribunal [o a la Justicia]

La discusión sobre la reforma del Poder Judicial me trajo a la memoria las lecciones sobre reformas similares analizadas en el libro de Daron Acemoglu y James Robinson (2012), ¿Por qué fracasan los países? Ya hemos dicho que ese libro es imprescindible para entender por qué la Argentina no se desarrolla. Para quienes aún tienen alguna duda al respecto aquí van las páginas 446-454 de la versión para Ipad.

Con su popularidad en máximos históricos, Roosevelt no tenía intención de dejar que el Tribunal Supremo hiciera descarrilar ningún punto más de su programa político. Presentó sus planes en uno de sus habituales discursos informales conocidos como «charlas junto a la chimenea», que fue retransmitido en directo por la radio el 9 de marzo de 1937. Empezó señalando que en su primer mandato ciertas políticas muy necesarias habían conseguido ser autorizadas por el Tribunal Supremo por un estrecho margen. Y seguía así:

Me acuerdo de aquella tarde de marzo, hace cuatro años, cuando hice mi primer informe radiofónico para vosotros. Estábamos entonces sumidos en la gran crisis bancaria. Poco después, con la autoridad del Congreso, pedimos que la nación entregara todo el oro que estuviera en manos privadas, dólar a dólar, al gobierno de Estados Unidos. La recuperación actual prueba lo acertada que fue aquella política. Sin embargo, cuando, casi dos años después, llegó ante el Tribunal Supremo, su constitucionalidad solamente fue defendida por cinco votos a favor y cuatro en contra. El cambio de un voto habría instaurado el caos sin esperanza en los asuntos de esta gran nación. De hecho, cuatro jueces dictaminaron que el derecho en un contrato privado de reclamar una deuda que fuera equivalente a un ojo de la cara era más sagrado que los objetivos principales de la Constitución de establecer una nación duradera.

Por supuesto, este riesgo no debía volverse a correr. Roosevelt continuaba:

El jueves pasado, describí la forma de gobierno estadounidense como un equipo de tres caballos proporcionados por la Constitución al pueblo estadounidense para que puedan arar su campo. Evidentemente, los tres caballos son las tres ramas del gobierno: el Congreso, el ejecutivo y los tribunales. Dos de los caballos, el Congreso y el ejecutivo, tiran al unísono, pero el tercero, no.   

[...] 

Roosevelt afirmó que tenía un mandato electoral para cambiar aquella situación y que «después de considerar qué reforma proponer, el único método que era claramente constitucional […] era inyectar sangre nueva a todos los tribunales». También argumentó que los jueces del Tribunal Supremo estaban sobrecargados de trabajo y que dicha carga era excesiva para los jueces de más edad (que resultaban ser los que echaban abajo su legislación). Entonces, propuso que todos los jueces se tuvieran que retirar obligatoriamente a la edad de setenta años y que a él le dieran permiso para nombrar seis jueces nuevos. Este plan, que Roosevelt presentó como el proyecto de ley de reorganización del poder judicial, habría bastado para eliminar a los jueces que habían sido nombrados anteriormente por administraciones más conservadoras y que se habían opuesto más enérgicamente al New Deal.

Aunque Roosevelt intentó hábilmente ganar apoyo popular para la medida, las encuestas de opinión sugerían que solamente alrededor del 40 por ciento de la población estaba a favor del plan. Louis Brandeis era entonces juez del Tribunal Supremo. A pesar de que Brandeis simpatizaba con buena parte de la legislación de Roosevelt, habló en contra de los intentos del presidente de erosionar el poder del Tribunal Supremo y de sus alegaciones de que los jueces estaban sobrecargados de trabajo. El Partido Demócrata de Roosevelt había tenido amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, la Cámara de Representantes de alguna manera se negó a tratar el proyecto de ley de Roosevelt. Y entonces lo intentó con el Senado. El proyecto de ley se envió al Comité de Asuntos Judiciales del Senado, que celebraba entonces reuniones altamente contenciosas, solicitando varias opiniones sobre el proyecto de ley. Finalmente, lo volvieron a enviar al Senado con un informe negativo, argumentando que el proyecto de ley era un «abandono innecesario, vano y totalmente peligroso del principio constitucional [...] sin precedentes ni justificación». Con setenta votos a favor y veinte en contra, el Senado decidió devolverlo a un comité para que se volviera a redactar. Todos los elementos de «designación tendenciosa de miembros afines» quedaron fuera. Roosevelt sería incapaz de eliminar las restricciones que imponía a su poder el Tribunal Supremo. Aunque el poder de Roosevelt estuviera limitado, hubo acuerdos, y el Tribunal consideró constitucionales las leyes de Seguridad Social y de Relaciones Laborales Nacionales. 

Más importante que el destino de aquellas dos leyes fue la lección general de aquel episodio. Las instituciones políticas inclusivas no solamente comprueban las grandes desviaciones de las instituciones económicas inclusivas, sino que también se resisten a los intentos de socavar su propia continuación. El interés inmediato del Congreso demócrata y el Senado era designar tendenciosamente a miembros afines en el Tribunal [capturar al Tribunal] y garantizar que toda la legislación del New Deal sobreviviera. Sin embargo, de la misma forma que las élites políticas británicas de principios del siglo XVIII comprendieron que suspender el Estado de derecho pondría en peligro los beneficios que habían arrancado a la monarquía, los congresistas y los senadores comprendieron que, si el presidente podía someter la independencia del poder judicial, entonces se reduciría el equilibrio de poder en el sistema que los protegía del presidente y garantizaba la continuidad de instituciones políticas pluralistas. 

Quizá Roosevelt habría decidido más adelante que obtener mayorías legislativas implicaba demasiado compromiso y tiempo y que, en vez de eso, gobernaría por decreto, reduciendo totalmente el pluralismo y el sistema político estadounidense. Sin duda, el Congreso no lo habría aprobado, pero entonces Roosevelt podría haber apelado a la nación, afirmando que el Congreso impedía aplicar las medidas necesarias para luchar contra la Depresión. Podría haber utilizado la policía para cerrar el Congreso. ¿suena descabellado? Esto es exactamente lo que ocurrió en Perú y Venezuela en la década de los noventa. Los presidentes Fujimori y Chávez apelaron a su mandato popular para cerrar unos congresos poco cooperativos y, posteriormente, volver a redactar sus Constituciones para reforzar ampliamente los poderes del presidente. El temor a esta cuesta resbaladiza por parte de quienes compartían el poder bajo instituciones políticas pluralistas es exactamente lo que hizo que Walpole no amañara los tribunales británicos en la década de 1720 y lo que provocó que el Congreso estadounidense no apoyara el plan de designación tendenciosa de miembros afines de Roosevelt. El presidente había topado con el poder de los círculos virtuosos. 

No obstante, esta lógica no siempre funciona, sobre todo en sociedades que pueden tener algunos rasgos inclusivos pero que son ampliamente extractivas. Ya hemos visto estas dinámicas en Roma y Venecia. Otro ejemplo es la comparación del intento frustrado de Roosevelt de designar tendenciosamente a miembros afines en el Tribunal con acciones similares en Argentina, donde hubo luchas cruciales como ésta en el contexto de instituciones políticas y económicas predominantemente extractivas. 

La Constitución argentina de 1853 creó un Tribunal Supremo con derechos similares a los del Tribunal Supremo estadounidense. Una decisión de 1887 permitía al Tribunal argentino asumir el mismo papel que el Tribunal Supremo de Estados Unidos a la hora de decidir si una ley específica era constitucional. En teoría, el Tribunal Supremo podría haber desarrollado uno de los elementos importantes de las instituciones políticas inclusivas en Argentina, pero el resto del sistema político y económico continuó siendo altamente extractivo y, en Argentina, no había ni pluralismo ni cesión de poderes a amplios segmentos de la sociedad. Como en Estados Unidos, el papel constitucional del Tribunal Supremo también sería cuestionado en Argentina. En 1946, Juan Domingo Perón fue elegido democráticamente presidente de Argentina. Había sido coronel y adquirió relevancia nacional tras un golpe militar en 1943 que le había nombrado ministro de Trabajo. En este puesto, construyó una coalición política con los sindicatos y el movimiento de los trabajadores que sería crucial para su candidatura presidencial. 

Poco después de la victoria de Perón, sus partidarios en la Cámara de Diputados propusieron la destitución de cuatro de los cinco miembros del Tribunal. Los cargos presentados contra el Tribunal eran varios. Uno era aceptar inconstitucionalmente la legalidad de dos regímenes militares en 1930 y 1943 (lo que era bastante irónico, ya que Perón había tenido un papel clave en el segundo golpe). Otro se centraba en la legislación que el Tribunal había invalidado, igual que su homólogo estadounidense. Justo antes de la elección de Perón como presidente, el Tribunal había adoptado una decisión que afirmaba que el comité de relaciones Laborales Nacional de Perón era inconstitucional. Igual que Roosevelt había criticado mucho al Tribunal Supremo en su campaña de reelección de 1936, Perón hizo lo mismo en su campaña de 1946. Nueve meses después de iniciar el proceso de destitución, la Cámara de Diputados destituyó a tres de los jueces, el cuarto ya había dimitido. El Senado aprobó la moción. Perón nombró entonces a cuatro jueces nuevos. El debilitamiento del Tribunal sin duda tuvo como efecto liberar a Perón de límites políticos. A partir de aquel momento, podía ejercer un poder ilimitado, de una forma muy parecida a los regímenes militares de Argentina antes y después de su presidencia. Sus jueces recién nombrados, por ejemplo, consideraron constitucional la condena de Ricardo Balbín, el líder del principal partido de la oposición, el Partido Radical, por faltar al respeto a Perón. Perón podía gobernar de facto como dictador. 

Como Perón consiguió formar un tribunal afín a sus ideas, ha pasado a ser una costumbre que cada nuevo presidente argentino elija a sus propios jueces del Tribunal Supremo. De esta forma, se acabó con una institución política que podría haber impuesto ciertos límites al poder del ejecutivo. El régimen de Perón fue apartado del poder por otro golpe en 1955, tras el cual se produjo una larga secuencia de transiciones entre gobiernos militares y civiles, y ambos tipos de gobierno elegían a sus propios jueces. No obstante, elegir a los jueces del Tribunal Supremo en Argentina no era una actividad limitada a las transiciones entre gobiernos militares y civiles. En 1990, Argentina experimentó finalmente una transición entre gobiernos elegidos democráticamente, un gobierno democrático seguido por otro. De todas formas, en aquel momento, los gobiernos democráticos se comportaban de una forma parecida a los gobiernos militares en lo referente al Tribunal Supremo. El presidente entrante fue Carlos Saúl Menem del Partido Peronista. El Tribunal Supremo constituido había sido nombrado después de la transición a la democracia en 1983 por el presidente del Partido Radical, Raúl Alfonsín. Como se trataba de una transición democrática, no debería haber habido razones para que Menem nombrara su propio Tribunal. Sin embargo, en el período previo a la elección, ya había mostrado sus intenciones. Intentó animar (o incluso intimidar) a los miembros del Tribunal para que dimitieran. No paró de intentarlo, pero no lo consiguió. Fue célebre su ofrecimiento de una embajada al juez Carlos Fayt. Sin embargo, la oferta fue rechazada y Fayt le respondió enviándole un ejemplar de su libro Law and Ethics, con la nota: «Cuidado, yo escribí esto». Sin inmutarse, al cabo de tres meses de asumir el cargo, Menem envió una ley a la Cámara de Diputados proponiendo ampliar el Tribunal de cinco a nueve miembros. Uno de los argumentos fue el mismo que utilizó Roosevelt en 1937: el Tribunal tenía sobrecarga de trabajo. La ley fue aprobada rápidamente por el Senado y la Cámara, lo que permitió que Menem nombrara a cuatro jueces nuevos. Ya tenía su mayoría. 

La victoria de Menem contra el Tribunal puso en marcha el tipo de dinámica de pendiente resbaladiza que mencionamos anteriormente. El siguiente paso fue volver a redactar la Constitución para eliminar el límite de mandatos y poder así presentarse a presidente de nuevo. Tras ser reelegido, Menem intentó modificar una vez más la Constitución, pero lo impidieron, no las instituciones políticas argentinas, sino facciones de su propio partido peronista, que se rebelaron contra su dominación personal. 

Desde la independencia, Argentina ha sufrido la mayoría de los problemas institucionales que han asolado América Latina. Ha quedado atrapada en un círculo vicioso, no virtuoso. En consecuencia, los desarrollos positivos, como los primeros pasos hacia la creación de un Tribunal Supremo independiente, nunca se afianzaron. Con el pluralismo, ningún grupo quiere ni osa derrocar el poder de otro, por miedo a que su propio poder sea cuestionado posteriormente. Al mismo tiempo, la amplia distribución de poder hace que dicho derrocamiento sea difícil. Un Tribunal Supremo puede tener poder si recibe un apoyo significativo de segmentos amplios de la sociedad dispuestos a rechazar intentos de viciar la independencia del Tribunal. Eso es lo que ha sucedido en Estados Unidos, pero no en Argentina. Los legisladores argentinos estuvieron encantados de socavar el Tribunal aunque anticiparan que eso podía poner en peligro su propia posición. Una razón es que, con instituciones extractivas, hay mucho que ganar al derrocar al Tribunal Supremo, y los beneficios potenciales compensan los riesgos.

Hoy la historia se repite, la editorial de La Nación señala:

La llave para acceder a esa impunidad [en los casos de corrupción] que cada día se torna más acuciante para el kirchnerismo se encuentra en el proyecto que reformará radicalmente la ley que regula el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección y la remoción de los jueces. El Gobierno ha decidido aumentar a 19 el número de consejeros, que actualmente son 13. Las decisiones se tomarán mediante la mayoría simple de los votos y no de los dos tercios y, además, los consejeros deberán ser elegidos mediante el voto popular, pero para ello tendrán que integrar las listas de los partidos políticos. En el caso de los jueces eso significa romper con la tradición republicana que impide su participación en toda actividad política. Todos los consejeros, ya se trate de jueces, abogados o académicos, quedarían disciplinados al partido que los postule, y la lista que obtenga más votos se quedará con la mayoría de los cargos. 

Con la modificación propuesta, el Gobierno lograría sin dificultad la mayoría del Consejo de la Magistratura, y de esa forma tendría en sus manos la potestad de iniciar sin ningún impedimento el juicio político a cualquier juez que considere rebelde o remiso a acatar su voluntad en sumarios de extrema sensibilidad, como los vinculados con casos de corrupción.

Prejuicio, polarización y desarrollo

A todo lo dicho en la nota de opinión de La Nación por mi sociólogo preferido (por sus análisis sobre los problemas de Argentina), quisiera traer a colación un par de frases del libro En busca del crecimiento de William Easterly (2003) respecto a las sociedades polarizadas.

Los Gobiernos de sociedades fragmentadas tienen incentivos para redistribuir el ingreso existente, mientras que los Gobiernos de sociedades cohesionadas tienen los incentivos para promover el crecimiento. La diferencia fundamental entre un Gobierno que redistribuye y uno que desarrolla es la polarización social. Las sociedades que están divididas en facciones luchan internamente por el reparto del botín; en las sociedades unidas por una cultura común y una clase media fuerte, se establece el consenso para crecer de manera que se incluya a los pobres.

Kirchnerismo, estatismo y planificación

Cada vez me convenzo más que para entender los problemas de la economía Argentina hay que leer el libro Why Nations Fail de Daron Acemoglu y James Robinson.

Hoy en su blog los autores han escrito a propósito de la planificación central. A continuación encontrarán una traducción via Google translate del tema que me parece es esclarecedor respecto a las tendencias recientes que se observan en la economía Argentina.

¿Por qué la planificación central? 

por Daron Acemoglu y James Robinson

En las dos últimas entradas de blog (aquí y aquí) hemos discutido ejemplos de sociedades que practican la planificación central, pero sin ninguno de los artilugios ideológicos supuestamente creados por la planificación central soviética. Si la planificación central, no era algo creado por la ideología marxista, ¿de dónde venía la idea? El hecho de que apareciese de forma independiente durante distintos períodos de tiempo y en sociedades muy diferentes sugiere que la planificación central es una solución a un problema económico o político bien definido. Pero, ¿cuál es el problema?

Para ver lo que este problema podría ser, analicemos la creación de la planificación central en la Unión Soviética en la década de 1920. Una parte importante de la misma fue la decisión de colectivizar la agricultura y mover a todos los campesinos hacia un sistema de granjas colectivas controladas estatalmente. Aunque esto podría ser interpretado como una decisión ideológica, otra forma de verlo es que Stalin realizó esto con el objeto de aumentar eficazmente la imposición y control de los campesinos - es decir, más eficacia para Stalin y la elite que controlaba el Estado soviético, pero por supuesto algo desastroso para los propios campesinos. Los campesinos producen mucho menos en una granja colectiva, pero el Estado soviético consiguió una mayor parte de una torta más pequeña y un mayor monto absoluto.

Esencialmente la planificación central no tiene que ver con la asignación eficiente de los recursos económicos, tiene que ver con el control.

La planificación central maximiza el grado de control que el Estado, y la gente que domina al Estado, ejerce. El deseo de controlar a los demás es una constante en la historia y es parte integrante de la construcción de los Estados. Si el Estado puede apropiarse de toda la tierra y los recursos, y controlar quién y en qué condiciones las personas tienen acceso a los recursos, entonces esto maximiza el control, aunque sacrifique la eficiencia económica.

Este tipo de control económico y político –y no la ideología marxista- es de lo que trata la planificación central. No negamos que la ideología marxista haya apoyado y legitimado la planificación central en varias sociedades del siglo 20. Sin embargo, hay que destacar que el surgimiento y la persistencia de la planificación central es a menudo, una solución al problema económico y político central de numerosas élites: el control y la extracción de los recursos de la sociedad.

¿Por qué fracasan las Naciones?

Daron Acemoglu y James Robinson han escrito un libro para explicar porqué muchos países fracasan y no logran desarrollarse. En el trabajo muestran como las élites manipulan las reglas de juego en beneficio propio, a expensas de la mayoría, y sobre todo, a expensas del crecimiento futuro.

Hoy en su blog se han ocupado de nosotros y de la última jugada del gobierno con Repsol YPF. Aquí va una traducción libre de la entrada: What’s the Matter with Argentina?

¿Qué le pasa a la Argentina?

Hace cien años la Argentina fue uno de los países más ricos del mundo. Durante cincuenta años se subió a la ola de oportunidades favorables que brindaba el mercado y experimentó uno de los más exitosos períodos de crecimiento extractivo de la historia mundial (compartiendo esos honores con la Unión Soviética y la China contemporánea o Singapur). 

Pero el crecimiento extractivo no puede durar y Argentina no fue la excepción. Cuando usted tiene una combinación de instituciones políticas extractivas, junto con algunas instituciones económicas inclusivas como tuvo Argentina (y tiene China ahora), hay dos alternativas, pero sólo una conduce al crecimiento económico sostenido. Usted puede abrir el sistema político y tratar de avanzar hacia una sociedad inclusiva, o usted puede ir en sentido contrario y tomar medidas drásticas contra la inclusión en las instituciones económicas, renunciando a la prosperidad por el poder. 

Argentina hizo lo segundo. En la época de la Primera Guerra Mundial las élites tradicionales de la Argentina hicieron pasos vacilantes hacia la apertura del sistema político, pero pronto decidieron que no querían correr el riesgo de perder el poder. En 1930 llegó el primer golpe militar. La apertura del sistema político estaba fuera de la mesa. Luego vinieron una serie de golpes de estado, y el de 1943 trajo a un militar llamado Juan Domingo Perón al poder como Ministro de Trabajo. Perón utilizó esta posición para construir una extraordinaria maquinaria política que ha dominado la política argentina, desde entonces. Hay un solo partido político eficaz hoy en día en Argentina, el peronista (nombre oficial: Partido Justicialista). Los peronistas no formaban parte de las elites tradicionales. Todo lo contrario. Sin embargo, tomaron el control de la sociedad y sus instituciones económicas, y su comportamiento han sido tan extractivo como el de las elites tradicionales. 

Este es un patrón que el sociólogo Robert Michels llamó: la Ley de Hierro de la Oligarquía. Instituciones económicas extractivas siempre crean luchas por el control del poder, y tienden a atraer como aspirantes a las élites empeñadas en la extracción, y el que llega al poder se hace cargo de un sistema sin control de su poder. El resultado es la recreación de las instituciones extractivas bajo un disfraz diferente. 

En la Argentina en la década de 1940, el peronismo ganó la lucha por el poder y hoy sigue teniendo la hegemonía. Y la extracción aún continúa (mismo si a menudo toma la forma de distorsionar las instituciones económicas para mantenerse en el poder y no sólo para enriquecerse personalmente). 

Últimas pruebas: esta semana el gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner se apropió del 51% de las acciones en la compañía petrolera YPF, previamente en manos de la empresa energética española Repsol YPF. El gobierno inmediatamente derrocó al CEO de la compañía, Sebastián Eskenazi y lo reemplazó por el Ministro de Planificación peronista. Se formará un tribunal para decidir el nivel de la indemnización! 

La precariedad de los derechos de propiedad son en realidad un fenómeno bien conocido en Argentina. La expropiación parcial de la compañía petrolera es en realidad poca cosa en comparación con el "Corralito" del año 2001 cuando el gobierno efectivamente expropió el 75% de los ahorros que las personas tenían en los bancos (como lo veremos en el capítulo 13 de ¿Por qué fracasan las Naciones). 

En Argentina, el fracaso para realizar la transición hacia instituciones económicas inclusivas condenó al país a un siglo de estancamiento económico. 

¿Pasará lo mismo en China? ¿Singapur?

Hay que reconstruir el Estado y no autoengañarse con la estatización

Luis Alberto Romero explica a partir de la historia económica argentina y de YPF que Estatizar sin Estado no es una solución. La nota complementa lo que enseñamos a diario a nuestros alumnos en relación a los servicios públicos: lo relevante no es la propiedad (privada o estatal), lo relevante es que el servicio público esté bien regulado. De más esta decir, que es justamente esto último, lo que el kirchnerismo no ha sabido hacer.

La traición de los progresistas

Sugiero la lectura de la nota de Jorge Fernández Díaz en La Nación de hoy sobre el tema. Jorge Fernández Díaz no es economista, sino un notable escritor, además de periodista profesional, sin embargo la nota es fundamental para entender la política económica en Argentina. 

La nota trata de los vicios del progresismo argentino, que defiende a un economista que ocupó el cargo de ministro, sin tener los antecedentes ni la formación necesaria (lo dijimos en su momento) y que además hoy es el vicepresidente de la Nación.

Retórica y desagravio

Adhiero al exquisito desagravio que JF realiza en Exabruptos.

75º aniversario del IEF

Para conmemorar los 75 años del Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba (mi lugar de trabajo) se organizaron diversas actividades, en particular un panel de Política Económica con tres invitados de lujo, Omar Chisari, José María Fanelli y Saúl Keifman.

• Omar Chisari abordó la Evaluación de costos del diseño de políticas usando un enfoque de equilibrio general.
• José María Fanelli presentó un enfoque integral sobre Volatilidad macro y Política Económica
• Saúl Keifman nos ilustró sobre los vinculos de eficiencia y equidad en la Política Económica

Muchas gracias por habernos dedicado su tiempo con esas estimulantes presentaciones.

Coyuntura económica y elecciones

Ricardo Fonseca nos convocó a Eduardo Gonzalez Olguín y a mi a su programa "Al fin y al cabo", el 12 de abril pasado, a debatir la marcha de la economía y su influencia en las próximas elecciones. Acepté la invitación sabiendo que iba a jugar de visitante y no de local. Aquí está la entrevista. 

Para la próxima tendré que pedirle al encargado del sonido que no desnivele el campo de juego y me suba el volumen del audio.

A los lectores del blog les debo la explicación de los supuestos y del modelo que utilizo para descomponer, según sus causas, el 24% de inflación actual en:

• emisión monetaria: 12 de los 24 puntos
• PIB superior al producto potencial: 6 de los 24 puntos
• Inercia y otras causas: 6 de los 24 puntos

Lecturas recomendadas: marzo 2011

• Olivier Blanchard, "El futuro de la política macroeconómica: Nueve conclusiones tentativas", Blog Diálogo a fondo, FMI, 16/03/11.
• Juan J. Llach, "Hipotecando el futuro", La Nación, 22/03/11.
• Eduardo Lora, "La economía política de la productividad", Dinero, Bogota, 4/03/11.
• Alfonso Prat-Gay, "Visión de futuro y certezas, deudas de la Presidenta", Clarín, 14/03/11.
• Federico Struzenegger, "Un gobierno confiable bajaría la inflación sin costo", Clarín, 17/03/11.
• Jesús Fernández-Villaverde, "Incentivos y Moody's", El País, 20/03/11.

Entrevista en Factor

Con atraso de dos meses aquí va la entrevista que Luciana Quiroga me realizó para el suplemento económico Factor del diario Comercio y Justicia.

Dirigentes y Políticas Públicas

En Foco Económico, Mariano Tommasi ha publicado una excelente nota titulada ¿porqué a las piñas?, sobre la calidad de nuestros dirigentes y de las políticas públicas.

Algo ya habíamos posteado aquí y también aquí, pero lo que me desvela es que ese comportamiento es generalizado, se observa en la mayoría de las instituciones de la sociedad argentina, y no es monopolio del oficialismo!

Las preguntas que deberíamos tratar de responder son:

¿Porqué los principales cargos de la administración pública nacional, provincial, municipal y universitaria están en manos de operadores políticos con poca sofisticación técnica?

¿Porqué en el juego político, nombrar funcionarios mediocres sigue siendo rentable desde un punto de vista individual, a pesar de que conduce al desatre desde un punto de vista colectivo?

¿Emitir una cuasi moneda, es la solución para Grecia?

Leo en la revista NOTICIAS del 3 de julio del 2010 un artículo de José Antonio Díaz titulado “Las ventajas que ofrece la crisis mundial” dónde se realiza un collage de opiniones de economistas nacionales y extranjeros a propósito de la crisis mundial y la economía Argentina. De la nota, me interesa analizar la viabilidad de la solución que algunos economistas proponen para Grecia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tratar este tema en un blog donde se abordan cuestiones relacionadas con la economía Argentina? Lo que ocurre, es que la lección de la crisis Argentina del 2001 no ha sido del todo bien internalizada en algunos círculos.

La nota señala que la crisis que afecta a los países mediterráneos de Europa, es el resultado de grandes desequilibrios presupuestarios y externos. Situación similar a la de Argentina 2001. Las alternativas ante la crisis -en palabras de Federico Sturzenegger- serían:

Sin posibilidad de ajustar el tipo de cambio, la única opción disponible es la contracción deflacionaria con ajuste del gasto público. Pero ya sabemos por la Inglaterra de los años ’20, y por la Argentina del período 1998-2001, que esos ajustes son complicados y generalmente asociados a una prolongada recesión.

Y más adelante en la nota se retoman sus palabras.

La devaluación no es factible porque sería un suicidio político para quien la aplique, y el ajuste, con sectores públicos que ocupan casi la mitad de la fuerza de trabajo tampoco. No es difícil entender el escepticismo de los mercados. La única alternativa factible es la emisión de una segunda moneda por parte de los países más problemáticos –Grecia en primera instancia–, que licue el gasto público de facto, mediante el pago en una moneda devaluada.

El presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires señala además que esta medida garantizaría que los contratos en euros se respeten, y favorecería la posibilidad de que pueda lograrse cierto consenso en relación al ajuste del sector público, para evitar que el valor de la cuasi moneda siguiera cayendo.

¿Cuál es mi opinión al respecto?
Lo que yo si sé de los años ’20, es lo que dijo Keynes (1929) en “The German Transfer Problem”, The Economic Journal, y sugiero que los que piensan que el problema de Grecia es solo fiscal, vuelvan a releer esas 8 páginas que ya tienen más de 80 años y son profundamente esclarecedoras. Dice Keynes que en el problema de los pagos por reparaciones de la guerra que afectaba a Alemania había dos problemas, por un lado, el problema fiscal (presupuestario) de extraer el dinero del bolsillo de los contribuyentes alemanes, y por el otro, el problema de la transferencia, de reducir los costos de producción alemanes en relación a los costos del resto del mundo. Aplicado al caso de Grecia, el problema de la transferencia –y siguiendo el razonamiento de Keynes- puede ser resuelto de tres maneras alternativas:

1. los industriales griegos tienen que incrementar su eficiencia más rápido que los industriales del resto del mundo.

2. la tasa de interés en Grecia tiene que ser más bajas que en el resto del mundo.

3. los salarios griegos en euros deben disminuir en relación a los del resto del mundo.

Difícilmente, la eficiencia de la industria se incremente en Grecia más que en el resto del mundo, tampoco hay expectativas de que Grecia pueda tener dinero barato. En consecuencia, el problema de la transferencia requiere una disminución de los salarios griegos en euros en relación a los salarios del resto del mundo.
Esto quiere decir –alertaría Keynes-, que hay dos problemas, y no un solo problema, como afirman los que minimizan la dificultad de la transferencia. El problema de la trasferencia consiste en reducir suficientemente los ingresos en euros de los factores de producción griegos para posibilitar que puedan incrementar sus exportaciones a un nivel total suficiente; el problema fiscal consiste en extraer de esos ingresos monetarios así reducidos un monto suficiente de impuestos para pagar las reparaciones. El problema fiscal depende de la riqueza y prosperidad del pueblo griego; el problema de la transferencia de la posición competitiva de sus industrias en los mercados internacionales. En términos modernos diríamos que hay un problema fiscal y un problema de solvencia externa (i.e. atraso cambiario).

Ahora bien, la opinión de Federico de que los ajustes deflacionarios en las circunstancias de Argentina 2001 o Grecia 2010 “son complicados y generalmente asociados a una prolongada recesión”, es una opinión simplemente equivocada, no es que sean “complicados”, sencillamente son políticamente y económicamente inviables! La experiencia de Argentina 2001-2002 lo muestra, y ya Keynes había alertado en cuanto a la inviabilidad política:

Sin embargo, si suponemos que el Banco Central Alemán induce forzadamente la deflación, ¿de qué manera esto resolvería el problema? Únicamente, cuando la reducción del nivel de la actividad económica, genere despidos masivos de trabajadores, de manera tal que, cuando una cantidad suficiente de millones esté sin trabajo, acepten entonces, la necesaria reducción en sus salarios nominales. Ahora bien, si esto es política y humanamente factible, eso es otro asunto. Más aún, el intento de los inversores extranjeros de fugar parte del capital de corto plazo del mercado monetario alemán, puede ser un producto no deseado de la violenta lucha política y económica, encaminada a reducir los salarios en el interés de los acreedores extranjeros..

Adicionalmente, la opinión de Federico de que la devaluación y salida del euro no es factible porque sería un suicidio político es un tema opinable, de hecho, en la experiencia argentina se observa lo contrario, De la Rúa y Cavallo se suicidaron políticamente al tratar de salvar la Convertibilidad, mientras que Duhalde, todavía está vivito y coleando.

Finalmente, la idea de que Grecia emita una segunda moneda para licuar el gasto público y así resolver su crisis, es incorrecta porque solo aborda el problema fiscal, y deja sin solucionar el problema de solvencia externa (el problema de la transferencia de Keynes). Implícitamente supone que en el sector privado los salarios en euros bajaran cuando los millones de desempleados que quedarán en la calle acepten disminuciones en sus salarios nominales, cosa que no es ni política ni humanamente factible.

Y todo esto, más allá de lo que hemos apuntado en una entrada anterior, de que esta solución, apoyada por financiamiento externo, no es ni siquiera viable desde un punto de vista estrictamente económico.

Entrevista sobre la consulta con el FMI

Comercio y Justicia me realizó días pasados una entrevista sobre la posible consulta del Artículo IV del FMI.

Inflación: ¿El gobierno es miope o se hace …?

José María Fanelli en su columna mensual del Observatorio Económico de la Red Mercosur analiza la apuesta del gobierno del gobierno de no “ajustar” (mantener la expansión del gasto público) para revertir los malos resultados electorales, con sus derivaciones de política económica.

El descontrol del Bicentenario

Otra valiosa opinión al respecto:

• Ricardo López Murphy, "Una crisis evitable e innecesaria".

Cocinados en su propia salsa

Estas dos últimas semanas se han escrito excelentes artículos sobre las causas de la derrota del gobierno en las urnas en las elecciones del 28 de junio. Quisiera referirme a dos de ellos para luego sacar una conclusión. Eduardo Fidanza enumera -en su artículo publicado en La Nación- varias lecciones de la sociología que los Kirchner despreciaron. Señala que:

Detrás de la angustia y el mal humor que provocaba la inflación se escondía un hecho clave: aumentaban los precios y el Gobierno los negaba, falsificando con torpeza las estadísticas. La gente se sintió burlada. Pero la peor parte la llevaron los sectores populares, tradicional base electoral del peronismo: ellos fueron, a la vez, engañados en su buena fe y despojados de la capacidad adquisitiva de sus ingresos.

El sociólogo norteamericano Charles Wright Mills enseñó algo elemental que los Kirchner no tuvieron en cuenta: las personas comunes estructuran su conocimiento a través de dos canales: uno es la experiencia directa, que se verifica en la vida familiar, el vecindario, los medios de transporte, el trabajo y el consumo; el otro son los informes que reciben sobre los ámbitos en los que no están directamente involucrados. Por eso a la hora de engañar pueden pergeñarse fábulas acerca de lo que ocurre en los palacios, pero no de lo que sucede en la calle.

En el segundo artículo titulado “El costo político de la distorsión del INDEC” Ernesto Kritz explica que,

el Gobierno fue víctima de las distorsiones que él mismo introdujo en las estadísticas sociales, y de las decisiones derivadas de éstas. En la base de estos errores está la subestimación de la pobreza a la mitad de la realmente existente; pero lo más importante desde el punto de vista de su estrategia, es que, al asumir como válida esta medición errónea de la pobreza -esto es, al no reconocer las distorsiones del INDEC- redujo significativamente en términos reales los recursos de los planes sociales.

[…] la valuación de la canasta con los precios relevados en forma independiente en el mercado muestra un alza del 57%, cinco veces más que lo reportado por el organismo oficial. Haciendo la corrección pertinente, debe concluirse no sólo que la pobreza creció desde 2007, sino que -lo que es relevante para explicar el resultado electoral- el gasto asistencial real por persona en estado de pobreza extrema cayó cerca del 30 por ciento.

En mis palabras yo diría que los principales responsables de la derrota electoral –después de Reina Cristina y de su Jefe de campaña- fueron Redrado y Moreno. El primero por no haber sabido controlar la inflación que deterioró el poder adquisitivo y las expectativas, y el segundo por haber destruido las mediciones del INDEC lo que provocó –además de otras nefastas consecuencias- la caída del gasto asistencial real a los hogares más pobres.

Exabruptos del INDEK

Miguel desmenuza en su Blog los argumentos truchos de los Moreno Boys.