martes, 16 de abril de 2013

Capturando al Tribunal [o a la Justicia]

La discusión sobre la reforma del Poder Judicial me trajo a la memoria las lecciones sobre reformas similares analizadas en el libro de Daron Acemoglu y James Robinson (2012), ¿Por qué fracasan los países? Ya hemos dicho que ese libro es imprescindible para entender por qué la Argentina no se desarrolla. Para quienes aún tienen alguna duda al respecto aquí van las páginas 446-454 de la versión para Ipad.
Con su popularidad en máximos históricos, Roosevelt no tenía intención de dejar que el Tribunal Supremo hiciera descarrilar ningún punto más de su programa político. Presentó sus planes en uno de sus habituales discursos informales conocidos como «charlas junto a la chimenea», que fue retransmitido en directo por la radio el 9 de marzo de 1937. Empezó señalando que en su primer mandato ciertas políticas muy necesarias habían conseguido ser autorizadas por el Tribunal Supremo por un estrecho margen. Y seguía así:
Me acuerdo de aquella tarde de marzo, hace cuatro años, cuando hice mi primer informe radiofónico para vosotros. Estábamos entonces sumidos en la gran crisis bancaria. Poco después, con la autoridad del Congreso, pedimos que la nación entregara todo el oro que estuviera en manos privadas, dólar a dólar, al gobierno de Estados Unidos. La recuperación actual prueba lo acertada que fue aquella política. Sin embargo, cuando, casi dos años después, llegó ante el Tribunal Supremo, su constitucionalidad solamente fue defendida por cinco votos a favor y cuatro en contra. El cambio de un voto habría instaurado el caos sin esperanza en los asuntos de esta gran nación. De hecho, cuatro jueces dictaminaron que el derecho en un contrato privado de reclamar una deuda que fuera equivalente a un ojo de la cara era más sagrado que los objetivos principales de la Constitución de establecer una nación duradera.
Por supuesto, este riesgo no debía volverse a correr. Roosevelt continuaba:
El jueves pasado, describí la forma de gobierno estadounidense como un equipo de tres caballos proporcionados por la Constitución al pueblo estadounidense para que puedan arar su campo. Evidentemente, los tres caballos son las tres ramas del gobierno: el Congreso, el ejecutivo y los tribunales. Dos de los caballos, el Congreso y el ejecutivo, tiran al unísono, pero el tercero, no.   
[...] 
Roosevelt afirmó que tenía un mandato electoral para cambiar aquella situación y que «después de considerar qué reforma proponer, el único método que era claramente constitucional […] era inyectar sangre nueva a todos los tribunales». También argumentó que los jueces del Tribunal Supremo estaban sobrecargados de trabajo y que dicha carga era excesiva para los jueces de más edad (que resultaban ser los que echaban abajo su legislación). Entonces, propuso que todos los jueces se tuvieran que retirar obligatoriamente a la edad de setenta años y que a él le dieran permiso para nombrar seis jueces nuevos. Este plan, que Roosevelt presentó como el proyecto de ley de reorganización del poder judicial, habría bastado para eliminar a los jueces que habían sido nombrados anteriormente por administraciones más conservadoras y que se habían opuesto más enérgicamente al New Deal.
Aunque Roosevelt intentó hábilmente ganar apoyo popular para la medida, las encuestas de opinión sugerían que solamente alrededor del 40 por ciento de la población estaba a favor del plan. Louis Brandeis era entonces juez del Tribunal Supremo. A pesar de que Brandeis simpatizaba con buena parte de la legislación de Roosevelt, habló en contra de los intentos del presidente de erosionar el poder del Tribunal Supremo y de sus alegaciones de que los jueces estaban sobrecargados de trabajo. El Partido Demócrata de Roosevelt había tenido amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, la Cámara de Representantes de alguna manera se negó a tratar el proyecto de ley de Roosevelt. Y entonces lo intentó con el Senado. El proyecto de ley se envió al Comité de Asuntos Judiciales del Senado, que celebraba entonces reuniones altamente contenciosas, solicitando varias opiniones sobre el proyecto de ley. Finalmente, lo volvieron a enviar al Senado con un informe negativo, argumentando que el proyecto de ley era un «abandono innecesario, vano y totalmente peligroso del principio constitucional [...] sin precedentes ni justificación». Con setenta votos a favor y veinte en contra, el Senado decidió devolverlo a un comité para que se volviera a redactar. Todos los elementos de «designación tendenciosa de miembros afines» quedaron fuera. Roosevelt sería incapaz de eliminar las restricciones que imponía a su poder el Tribunal Supremo. Aunque el poder de Roosevelt estuviera limitado, hubo acuerdos, y el Tribunal consideró constitucionales las leyes de Seguridad Social y de Relaciones Laborales Nacionales. 
Más importante que el destino de aquellas dos leyes fue la lección general de aquel episodio. Las instituciones políticas inclusivas no solamente comprueban las grandes desviaciones de las instituciones económicas inclusivas, sino que también se resisten a los intentos de socavar su propia continuación. El interés inmediato del Congreso demócrata y el Senado era designar tendenciosamente a miembros afines en el Tribunal [capturar al Tribunal] y garantizar que toda la legislación del New Deal sobreviviera. Sin embargo, de la misma forma que las élites políticas británicas de principios del siglo XVIII comprendieron que suspender el Estado de derecho pondría en peligro los beneficios que habían arrancado a la monarquía, los congresistas y los senadores comprendieron que, si el presidente podía someter la independencia del poder judicial, entonces se reduciría el equilibrio de poder en el sistema que los protegía del presidente y garantizaba la continuidad de instituciones políticas pluralistas. 
Quizá Roosevelt habría decidido más adelante que obtener mayorías legislativas implicaba demasiado compromiso y tiempo y que, en vez de eso, gobernaría por decreto, reduciendo totalmente el pluralismo y el sistema político estadounidense. Sin duda, el Congreso no lo habría aprobado, pero entonces Roosevelt podría haber apelado a la nación, afirmando que el Congreso impedía aplicar las medidas necesarias para luchar contra la Depresión. Podría haber utilizado la policía para cerrar el Congreso. ¿suena descabellado? Esto es exactamente lo que ocurrió en Perú y Venezuela en la década de los noventa. Los presidentes Fujimori y Chávez apelaron a su mandato popular para cerrar unos congresos poco cooperativos y, posteriormente, volver a redactar sus Constituciones para reforzar ampliamente los poderes del presidente. El temor a esta cuesta resbaladiza por parte de quienes compartían el poder bajo instituciones políticas pluralistas es exactamente lo que hizo que Walpole no amañara los tribunales británicos en la década de 1720 y lo que provocó que el Congreso estadounidense no apoyara el plan de designación tendenciosa de miembros afines de Roosevelt. El presidente había topado con el poder de los círculos virtuosos. 
No obstante, esta lógica no siempre funciona, sobre todo en sociedades que pueden tener algunos rasgos inclusivos pero que son ampliamente extractivas. Ya hemos visto estas dinámicas en Roma y Venecia. Otro ejemplo es la comparación del intento frustrado de Roosevelt de designar tendenciosamente a miembros afines en el Tribunal con acciones similares en Argentina, donde hubo luchas cruciales como ésta en el contexto de instituciones políticas y económicas predominantemente extractivas. 
La Constitución argentina de 1853 creó un Tribunal Supremo con derechos similares a los del Tribunal Supremo estadounidense. Una decisión de 1887 permitía al Tribunal argentino asumir el mismo papel que el Tribunal Supremo de Estados Unidos a la hora de decidir si una ley específica era constitucional. En teoría, el Tribunal Supremo podría haber desarrollado uno de los elementos importantes de las instituciones políticas inclusivas en Argentina, pero el resto del sistema político y económico continuó siendo altamente extractivo y, en Argentina, no había ni pluralismo ni cesión de poderes a amplios segmentos de la sociedad. Como en Estados Unidos, el papel constitucional del Tribunal Supremo también sería cuestionado en Argentina. En 1946, Juan Domingo Perón fue elegido democráticamente presidente de Argentina. Había sido coronel y adquirió relevancia nacional tras un golpe militar en 1943 que le había nombrado ministro de Trabajo. En este puesto, construyó una coalición política con los sindicatos y el movimiento de los trabajadores que sería crucial para su candidatura presidencial. 
Poco después de la victoria de Perón, sus partidarios en la Cámara de Diputados propusieron la destitución de cuatro de los cinco miembros del Tribunal. Los cargos presentados contra el Tribunal eran varios. Uno era aceptar inconstitucionalmente la legalidad de dos regímenes militares en 1930 y 1943 (lo que era bastante irónico, ya que Perón había tenido un papel clave en el segundo golpe). Otro se centraba en la legislación que el Tribunal había invalidado, igual que su homólogo estadounidense. Justo antes de la elección de Perón como presidente, el Tribunal había adoptado una decisión que afirmaba que el comité de relaciones Laborales Nacional de Perón era inconstitucional. Igual que Roosevelt había criticado mucho al Tribunal Supremo en su campaña de reelección de 1936, Perón hizo lo mismo en su campaña de 1946. Nueve meses después de iniciar el proceso de destitución, la Cámara de Diputados destituyó a tres de los jueces, el cuarto ya había dimitido. El Senado aprobó la moción. Perón nombró entonces a cuatro jueces nuevos. El debilitamiento del Tribunal sin duda tuvo como efecto liberar a Perón de límites políticos. A partir de aquel momento, podía ejercer un poder ilimitado, de una forma muy parecida a los regímenes militares de Argentina antes y después de su presidencia. Sus jueces recién nombrados, por ejemplo, consideraron constitucional la condena de Ricardo Balbín, el líder del principal partido de la oposición, el Partido Radical, por faltar al respeto a Perón. Perón podía gobernar de facto como dictador. 
Como Perón consiguió formar un tribunal afín a sus ideas, ha pasado a ser una costumbre que cada nuevo presidente argentino elija a sus propios jueces del Tribunal Supremo. De esta forma, se acabó con una institución política que podría haber impuesto ciertos límites al poder del ejecutivo. El régimen de Perón fue apartado del poder por otro golpe en 1955, tras el cual se produjo una larga secuencia de transiciones entre gobiernos militares y civiles, y ambos tipos de gobierno elegían a sus propios jueces. No obstante, elegir a los jueces del Tribunal Supremo en Argentina no era una actividad limitada a las transiciones entre gobiernos militares y civiles. En 1990, Argentina experimentó finalmente una transición entre gobiernos elegidos democráticamente, un gobierno democrático seguido por otro. De todas formas, en aquel momento, los gobiernos democráticos se comportaban de una forma parecida a los gobiernos militares en lo referente al Tribunal Supremo. El presidente entrante fue Carlos Saúl Menem del Partido Peronista. El Tribunal Supremo constituido había sido nombrado después de la transición a la democracia en 1983 por el presidente del Partido Radical, Raúl Alfonsín. Como se trataba de una transición democrática, no debería haber habido razones para que Menem nombrara su propio Tribunal. Sin embargo, en el período previo a la elección, ya había mostrado sus intenciones. Intentó animar (o incluso intimidar) a los miembros del Tribunal para que dimitieran. No paró de intentarlo, pero no lo consiguió. Fue célebre su ofrecimiento de una embajada al juez Carlos Fayt. Sin embargo, la oferta fue rechazada y Fayt le respondió enviándole un ejemplar de su libro Law and Ethics, con la nota: «Cuidado, yo escribí esto». Sin inmutarse, al cabo de tres meses de asumir el cargo, Menem envió una ley a la Cámara de Diputados proponiendo ampliar el Tribunal de cinco a nueve miembros. Uno de los argumentos fue el mismo que utilizó Roosevelt en 1937: el Tribunal tenía sobrecarga de trabajo. La ley fue aprobada rápidamente por el Senado y la Cámara, lo que permitió que Menem nombrara a cuatro jueces nuevos. Ya tenía su mayoría. 
La victoria de Menem contra el Tribunal puso en marcha el tipo de dinámica de pendiente resbaladiza que mencionamos anteriormente. El siguiente paso fue volver a redactar la Constitución para eliminar el límite de mandatos y poder así presentarse a presidente de nuevo. Tras ser reelegido, Menem intentó modificar una vez más la Constitución, pero lo impidieron, no las instituciones políticas argentinas, sino facciones de su propio partido peronista, que se rebelaron contra su dominación personal. 
Desde la independencia, Argentina ha sufrido la mayoría de los problemas institucionales que han asolado América Latina. Ha quedado atrapada en un círculo vicioso, no virtuoso. En consecuencia, los desarrollos positivos, como los primeros pasos hacia la creación de un Tribunal Supremo independiente, nunca se afianzaron. Con el pluralismo, ningún grupo quiere ni osa derrocar el poder de otro, por miedo a que su propio poder sea cuestionado posteriormente. Al mismo tiempo, la amplia distribución de poder hace que dicho derrocamiento sea difícil. Un Tribunal Supremo puede tener poder si recibe un apoyo significativo de segmentos amplios de la sociedad dispuestos a rechazar intentos de viciar la independencia del Tribunal. Eso es lo que ha sucedido en Estados Unidos, pero no en Argentina. Los legisladores argentinos estuvieron encantados de socavar el Tribunal aunque anticiparan que eso podía poner en peligro su propia posición. Una razón es que, con instituciones extractivas, hay mucho que ganar al derrocar al Tribunal Supremo, y los beneficios potenciales compensan los riesgos.
Hoy la historia se repite, la editorial de La Nación señala:
La llave para acceder a esa impunidad [en los casos de corrupción] que cada día se torna más acuciante para el kirchnerismo se encuentra en el proyecto que reformará radicalmente la ley que regula el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección y la remoción de los jueces. El Gobierno ha decidido aumentar a 19 el número de consejeros, que actualmente son 13. Las decisiones se tomarán mediante la mayoría simple de los votos y no de los dos tercios y, además, los consejeros deberán ser elegidos mediante el voto popular, pero para ello tendrán que integrar las listas de los partidos políticos. En el caso de los jueces eso significa romper con la tradición republicana que impide su participación en toda actividad política. Todos los consejeros, ya se trate de jueces, abogados o académicos, quedarían disciplinados al partido que los postule, y la lista que obtenga más votos se quedará con la mayoría de los cargos. 
Con la modificación propuesta, el Gobierno lograría sin dificultad la mayoría del Consejo de la Magistratura, y de esa forma tendría en sus manos la potestad de iniciar sin ningún impedimento el juicio político a cualquier juez que considere rebelde o remiso a acatar su voluntad en sumarios de extrema sensibilidad, como los vinculados con casos de corrupción.

viernes, 5 de abril de 2013

¿Porqué está estancada la economía argentina?

En diálogo con El Economista, Hernán Lacunza analiza la coyuntura económica y señala que la economía está estancada desde hace 15 meses. Señala que ...
Los datos que van llegando son mediocres y, como siempre, mixtos. Estamos estancados hace unos 15 meses y no se ve un cambio de tendencia. Pasamos de crecer 8% promedio entre 2003-2007, a 4% en 2008- 2011 y a 2% en 2012-2013. Parte de eso tiene que ver con la apreciación cambiaria que fue erosionando todas las fuentes de demanda agregada. La inflación comió el poder adquisitivo del salario y eso afectó el consumo. La apreciación también erosionó el tipo de cambio real y afectó a las exportaciones. La incertidumbre asociada a la inflación y a todos los parches normativos que se implementaron para compensarla hicieron desplomar la inversión. Todas las fuentes de demanda están afectadas por la inflación. Hoy es más recesivo no enfrentar la inflación que enfrentarla. En este escenario estamos condenados a un escenario mediocre: cuando llueve crecemos al 2% y cuando no, 0%.
Para precisar el diagnóstico habría que señalar lo que hemos dicho desde que comenzamos con este blog, esto es, la economía evoluciona muy por encima de su producto potencial, lo que es insostenible. Para moderar la inflación que resultaba de esta situación, el gobierno recurrió a la apreciación cambiaria y otro tipo de mala praxis, todo lo demás viene por añadidura. No incluir en el análisis la idea que desde el 2007 no hay más capacidad ociosa en la economía (a nivel agregado) genera un mal diagnóstico.

viernes, 15 de marzo de 2013

¿El Vaticano progresa más que el FMI?

En el Financial Times de ayer Mohamed El-Erian señala en su nota "Time for the IMF to follow the Vatican" que ...

Pocos hubieran pronosticado que el Vaticano le ganaría el FMI eligiendo a un no europeo como su líder. (...) El ascenso del Papa Francisco es ampliamente visto como un reconocimiento explícito de que Europa ya no domina a la iglesia Católica, y como un cambio coherente con el dinamismo y el peso de los países en desarrollo. También es un intento de llevar la perspectiva de un outsider (relativo) de una iglesia cuya insularidad (según creen muchos ) ha socavado su credibilidad. Finalmente, se espera que facilite la renovación en un momento en que muchos están buscando la inspiración y la iluminación. La esencia de estos argumentos es similar a las realizadas para fomentar que el FMI avance con decisión en la reforma del sistema de elección de sus autoridades, abandonando el enfoque basado en la nacionalidad (...) migrando uno verdaderamente abierto y transparente, basado en el mérito. 
Europa ya no domina la economía global. En todo caso, se ha convertido en la mayor fuente de riesgo sistémico en los últimos años. Mientras tanto, los países en desarrollo han superado problemas, tanto económicos como financieros, con algunos que logran mayor influencia sistémica que varias economías europeas. El continente europeo es visto por muchos como que ha cooptado al FMI apoyando un enfoque poco objetivo para resolver sus propios problemas. Asimismo, el Fondo se muestra tímido en la transmisión de las importantes lecciones aprendidas en las anteriores crisis de deuda de los países en desarrollo. De hecho, los funcionarios procedentes de Africa, Asia y América Latina se quejan de que el FMI adhiere a recetas pasadas de moda, al enfoque unilateral de mejores prácticas. (...) Luego está el vacío relativo en el centro del sistema global. Después del punto máximo alcanzado en abril de 2009 en la reunión de Londres del G-20, la política de coordinación global, ha disminuido en un grado preocupante (...)
Todo esto ha servido para socavar la credibilidad y eficacia del FMI (...) Podemos presenciar las tensiones monetarias asociadas a la búsqueda creciente de políticas monetarias no convencionales. El FMI no debería esperar hasta que finalice el mandato de Christine Lagarde, su director general, para reformar el proceso integral de selección de su principal autoridad. De hecho, como se ilustra en las dos anteriores ocasiones, cuando los gobiernos tenían que luchar para elegir un nuevo director general después de los titulares renunciaron, una adecuada renovación no pueden llevarse a cabo en medio de un intenso proceso político electoral. (...) La Sra. Lagarde debe tranquilamente comenzar el proceso ahora, sobre todo porque no ha llegado ni siquiera a la mitad del primero de sus posibles mandatos. Ya ha puesto de manifiesto su voluntad de hacer lo correcto aun corriendo el riesgo de molestar a funcionarios occidentales ( ...) Con la ayuda de expertos externos, podría encabezar una renovación permanente que decisivamente ubique al mérito por encima de la nacionalidad. Esto también permitiría cambios en las normas que impiden a candidatos altamente cualificados de llegar a las rondas finales (...) Incluso mejor, dichos cambios llegan en un momento en que las disputas políticas en el Congreso de Estados Unidos ponen en riesgo la aplicación del ajuste marginal en el sistema de representación y votación del FMI acordados en 2010. No debemos subestimar el papel que esa medida podría desempeñar en la mejora de la integridad y la eficacia del FMI

La Política Económica de CFK según Nik

                   Fuente: La Nación

lunes, 4 de febrero de 2013

Capitalismo de Estado, Mercantilismo y Libre Mercado

Recientemente se han publicado en Project Syndicate dos excelentes artículos sobre el tema, que sirven como marco conceptual para analizar lo que ocurre en Argentina. Por un lado el artículo de Daron Acemoglu y James Robinson, "Está ganando el Capitalismo de Estado", y por el otro el artículo de Dani Rodrik, "En nuevo desafío Mercantilista". Rodrik sugiere que ambos textos deben ser leídos conjuntamente, porque son complementarios, aunque también parcialmente antagónicos. Si no tiene tiempo le sugiero priorizar la lectura de Acemoglu y Robinson, que permite realizar un paralelismo con la realidad argentina. El otro texto contribuye -en el caso argentino- más al relato de esa realidad. 

miércoles, 23 de enero de 2013

Modificaciones en la política cambiaria

La Voz del Interior del día de hoy publica algunas opiniones propias, mías y de colegas a propósito del posible cambio en la pauta cambiaria para el 2013. 

domingo, 4 de noviembre de 2012

La Política Populista de Redistribución del Ingreso

El martes pasado falleció Adolfo Canitrot (1928-2012), brillante macroeconomista argentino por cuyos trabajos tuve particular aprecio. Supongo que mi interés, dejando de lado algún tipo de afinidad ideológica, se debe al enfoque aplicado y orientado a resolver problemas prácticos que lo caracterizaban, propio de su formación de ingeniero.

Gregory Mankiw (2006) en “El macroeconomista como científico y como ingeniero” señala que
[la macroeconomía] ha evolucionado a través de los esfuerzos de dos tipos de macroeconomistas, aquellos que entienden a la macro como un tipo de ingeniería y aquellos a quienes les gustaría que el campo se pareciera más a una ciencia. Los ingenieros son antes que nada quienes resuelven problemas. Por el contrario, la meta de los científicos es entender cómo funciona el mundo. El énfasis de la investigación de los macroeconomistas ha variado con el tiempo entre estos dos principios. Mientras los primeros macroeconomistas eran ingenieros que intentaban resolver problemas prácticos, los macroeconomistas de las últimas décadas han estado más interesados en desarrollar herramientas analíticas y establecer principios teóricos. Sin embargo, estas herramientas y principios han sido lentos para encontrar su forma en las aplicaciones.
Canitrot formaba parte de la vieja guardia y en función de ello recibió el Diploma al mérito de la Fundación Konex (1996) en humanidades, en la categoría Análisis Económico Aplicado. 

A continuación les dejo un resumen de su trabajo, La experiencia populista de redistribución de ingresos, Desarrollo Económico, 1975, que durante muchos años utilice para explicar, a futuros contadores y administradores, las erradas políticas distributivas aplicadas en Argentina en el pasado. En los últimos siete años había decidido no abordar más el tema pensando que era una etapa superada. Lamentablemente la política económica del kirchnerismo repite los errores del pasado y el modelo estilizado de la economía argentina descripto por Adolfo Canitrot vuelve a tener vigencia.

Canitrot (1975) señala que hubo tres casos de políticas populistas de redistribución del ingreso en la historia económica argentina.
  1. El período 1946-1952 en el gobierno de Juan Perón
  2. El gobierno radical de Arturo Illia entre 1963-1966
  3. El gobierno peronista de 1973-1975
[Podríamos también incluir en ese listado el período 1983-1985 y el período 2007-2012.]

Tanto en 1966 como en 1975, estas políticas desembocaron en golpes militares, y la política económica del ministro de economía Bernardo Grinspun casi termina en 1985 en la hiperinflación.

El objetivo de estas políticas era mejorar las condiciones de vida de los sectores de medianos y bajos ingresos, sin embargo, como es conocido, los intentos de redistribución del ingreso propios del populismo, esto es, vía aumentos salariales no relacionados con incrementos en la productividad, fracasaron dado que no pudieron mantenerse. La redistribución se sostuvo uno o dos años, y luego retrocedió, erosionada por la inflación o invertida abruptamente por la aplicación de políticas de signo contrario. En el artículo que estamos resumiendo, Canitrot (1975) analiza las razones económicas de ese fracaso.

 La pregunta importante que se plantea es saber si el retroceso que siguió a las experiencias populistas de redistribución se debe a la acción deliberada de grupos de intereses que reaccionan ante la pérdida de sus prerrogativas económicas y de poder, tesis que favorecen tanto políticos peronistas como radicales, o a las propias características de esas experiencias que engendran, al ponerse en marcha, los elementos objetivos de su propia autodestrucción; tesis que sostiene Adolfo Canitrot.

El modelo del funcionamiento de la economía Argentina aquí presentado tiene como precursores a los trabajos de Carlos F. Díaz Alejandro (1963), y Oscar Braun y Leonard Joy (1968), y como toda simplificación de la realidad, deja muchos temas de lado. Sin embargo, su valor reside en la capacidad para explicar las recurrentes crisis por las que atravesó la economía Argentina en las décadas pasadas.

Se supone que la economía argentina esta representada por dos sectores: un sector agropecuario y un sector industrial. El sector agropecuario es un sector exportador que trabaja en condiciones de pleno empleo. Produce bienes que pueden ser exportados o destinados al mercado interno. El sector industrial sólo produce para el mercado interno y admite desempleo cuando la demanda agregada es insuficiente. Es el sector importador porque requiere insumos y bienes de capital extranjeros para su funcionamiento. Los asalariados gastan su ingreso íntegramente en bienes de consumo producidos por el sector agropecuario y el sector industrial. La oferta de bienes agropecuarios es fija ya que hay pleno empleo.
Todo aumento de la demanda interna sólo puede satisfacerse en detrimento del monto de las exportaciones (X). Cuanto más alto es el precio de los bienes agropecuarios –a salario nominal constante- menor es la cantidad demanda en el mercado interno por los asalariados y mayores son los saldos exportables. El precio agropecuario (PA), sin embargo, no se determina en el mercado interno, sino que depende del precio internacional (PA*) y del tipo de cambio (E).

La demanda interna de bienes agropecuarios se postula inelástica a las variaciones de precios. Esto se debe al carácter de primera necesidad que poseen los bienes agropecuarios. Un aumento en el precio interno de dichos bienes reduce la cantidad demandada internamente pero aumenta el gasto que hacen los asalariados en ellos. Esto tiene consecuencias importantes ya que, a ingresos constantes, un aumento del precio de los bienes agropecuarios disminuye el gasto de los asalariados en bienes del sector industrial.

Si el gasto total de los asalariados es:

GastoTotal = w L
                    = PAQA + PIQI

Un aumento de PA implica entonces una disminución de PIQI.

En el sector industrial los empresarios procuran mantener el valor unitario de sus beneficios. Ante cambios en la magnitud de la demanda modifican la cantidad vendida y producida sin alterar los precios. Ante cambios en los precios de los insumos, o de la mano de obra, elevan proporcionalmente los precios del producto final. Estas reglas son compatibles con curvas de costo de producción constante.


El rectángulo refleja el monto de las importaciones de insumos necesarios a la producción del sector industrial.

¿Cómo funciona el modelo? Hay tres variables (exógenas) que el gobierno puede modificar:

  • El precio de los bienes agropecuarios (PA) alterando el tipo de cambio (E). 
  • El precio de los insumos importados y en consecuencia de los bienes industriales (PI), también mediante la política cambiaria. 
  • El salario nominal de los trabajadores (w). 
Un cambio en cualquiera de estas tres variables tiene consecuencias sobre el conjunto de variables dependientes del modelo: exportaciones, importaciones, precio de los bienes del sector industrial, nivel de actividad de este sector, empleo urbano, beneficios de los empresarios rurales y urbanos, salario real.  

Analicemos el caso de un aumento del salario nominal, es decir la política de redistribución de los ingresos en favor de los asalariados.


El aumento de los salarios produce dos cambios en el gráfico. Por un lado sube el precio de los bienes industriales ya que los empresarios trasladan los mayores costos salariales al precio final, y por el otro aumenta la demanda de esos bienes ya que aumenta el ingreso de los asalariados. El aumento de la demanda genera aumentos en la producción y el empleo. Lo que produce un aumento adicional en la demanda al haber aumentado la masa salarial porque hay más trabajadores empleados, y el proceso continúa. 

El aumento de la masa salarial, primero por aumento del salario, luego por el incremento en el número de trabajadores empleados también da lugar a sucesivos aumentos en la demanda de bienes agropecuarios como puede observarse en el gráfico de la página siguiente. El precio de los bienes agropecuarios se mantiene constante ya que el gobierno ejerce su control sobre ellos. 

Los aumentos de salarios nominales, en cambio, crean una situación expansiva, como resultado del incremento del poder adquisitivo de los asalariados. Hay una expansión de la demanda tanto de bienes agropecuarios como industriales, y en el caso del sector industrial un aumento del nivel de actividad. 

El ajuste de los precios industriales a los nuevos costos –resultantes del aumento de salarios- se da en un contexto expansivo, donde el proceso inflacionario no encuentra frenos a su tendencia inherente a la aceleración. Durante el proceso, salarios y precios industriales suben permanentemente, mientras los precios agropecuarios –controlados políticamente- tienden a quedar atrás. El nivel de empleo y actividad industrial se expanden mientras la balanza comercial se deteriora tanto por la caída de las exportaciones como por el incremento de las importaciones. En realidad el aumento en el salario real se debía esencialmente a la caída relativa de los tres precios controlados (Precios del agro, alquileres y tarifas públicas).
Los tres precios constituyen una parte muy importante de la canasta familiar. Son estos los sectores que pagan la redistribución de ingresos (en el corto plazo) a favor de los asalariados. Pero la redistribución es transitoria porque la oferta de estas tres actividades se deteriora, no hay inversión, los precios aumentan y la redistribución se esfuma.

La redistribución progresiva de ingresos encontraba en Argentina los mismos límites que hubiera encontrado en países con mayor nivel de desarrollo: la restricción externa y la necesidad de invertir (acumulación de capital). El conflicto entre distribución y acumulación, en otras palabras, el conflicto entre salarios y beneficios, se manifiesta violentamente en situación de empleo pleno. Cuando hay recursos y trabajadores ociosos, la expansión de la actividad económica puede hacerse favoreciendo tanto salarios como beneficios industriales.

Es esta doble situación la que hace posible, y a la vez limita, la política populista. La alianza política del populismo nace en la recesión y se propone un programa expansivo. Asalariados y burguesía industrial tienen entonces intereses complementarios, mientras los empresarios rurales quedan en la oposición. El éxito del programa destruye el elemento constitutivo de la alianza. Al aproximarse al pleno empleo, los intereses conflictivos reemplazan a los complementarios. El conflicto se hace muy intenso porque se desarrolla en medio de un contexto inflacionario explosivo, que es el resultante de utilizar el incremento de salarios como instrumento de expansión de la demanda. En menor o mayor plazo la alianza se destruye, la burguesía industrial se inclina hacia una nueva alianza con los sectores rurales, el populismo termina enredado en sus propias contradicciones y un nuevo programa de orden y recesión emerge.

La devaluación que surgía como una de las principales medidas del gobierno que asumía con el golpe militar respaldado por la nueva alianza de la burguesía industrial con los grandes propietarios del sector agropecuario, tenía las siguientes consecuencias.

El aumento de los precios agropecuarios (ΔPA) debido a la devaluación (ΔE) produce los siguientes efectos:
Se observa una disminución en la cantidad demandada de bienes del agro por parte de los asalariados con el correlativo aumento de los saldos exportables que pasan de X a X’. Además como la demanda de los asalariados sobre dichos bienes es inelástica, mismo si la cantidad demandada disminuye, el gasto de los asalariados en este tipo de bienes aumenta junto con el aumento de los precios del agro. El rectángulo OQ2D2P’A es mayor que el rectángulo OQ1D1PA. Como el ingreso nominal de los trabajadores (w) y el volumen de empleo (L) se mantienen hasta ahora constantes, el mayor gasto de los asalariados en productos agropecuarios necesariamente implica una reducción de la capacidad de gasto en bienes del sector industrial. Es decir, la demanda por bienes de consumo del sector industrial disminuye a precios constantes.

La reacción de los empresarios industriales ante la caída de la demanda es procurar el mantenimiento de los beneficios unitarios, reduciendo el nivel de actividad y con él el monto de la demanda de trabajo. El empleo urbano disminuye y, a salarios nominales constantes, el ingreso total de los trabajadores también. La reducción del empleo y del ingreso baja aún más, en una segunda instancia, la capacidad de gasto de los asalariados y por lo tanto la demanda de bienes del sector industrial.
Si los empresarios industriales reaccionan nuevamente cortando el volumen de empleo, dan lugar a posteriores disminuciones de la demanda y del empleo causadas mutua y sucesivamente, la producción converge hacia QN ya que las disminuciones cada vez son menores como se observa en el gráfico. La progresiva caída del nivel de actividad del sector industrial y del empleo e ingreso de los asalariados durante el proceso de multiplicación afecta en dos sentidos a la balanza comercial. Por un lado, la reducción de la demanda interna por bienes agropecuarios incrementa aún más los saldos exportables.
Por otro lado, el saldo de la balanza comercial también mejora al reducirse las importaciones de insumos para el sector industrial. La devaluación restableció el saldo de la balanza comercial pero condujo a la recesión.

En la recurrencia de las fluctuaciones es clave el papel de la burguesía industrial. Para ella el proyecto populista es un programa en común con los asalariados basado en el incremento de los salarios. Alternativamente, el proyecto de orden y recesión es un proyecto en común con la burguesía rural basado en el incremento de los precios agropecuarios.

El proyecto propio de la burguesía industrial era el proyecto de la demanda agregada autónoma (independiente del nivel salarial): Inversión, exportaciones industriales y sustitución de importaciones. Este proyecto no logró vigencia en el país como consecuencia de la debilidad política de la burguesía industrial. Las empresas nacionales eran débiles y las empresas fuertes en su mayor parte eran extranjeras. La burguesía nacional no había podido construir un programa de integración con el sistema de grandes empresas multinacionales que fuera, a la vez, económicamente rentable y políticamente aceptable. En ausencia de este programa se acoplaba a programas ajenos de distinto signo. En esas condiciones de capitalistas débiles y sindicatos fuertes, el capitalismo argentino era una experiencia contradictoria.